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Imprescindible cláusulas suelo: Requisitos, extrajudicialidad y fiscalidad

Imprescindible cláusulas suelo: Requisitos, extrajudicialidad y fiscalidad

El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero establece un cauce para llegar a acuerdos y evitar litigios de clientes con las entidades de crédito con las que han suscrito un préstamo o crédito con garantía hipotecaria para que solucionen las controversias consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales sobre cláusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. El texto ha sido confeccionado ya que es previsible el incremento de las demandas solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo.

Se entenderá por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato. Estará dentro del ámbito de aplicación si se da lo siguiente: creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero; falta información suficiente; creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo; eventual ubicación entre datos en los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención; ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento previsible del tipo de interés en el momento de contratar; e inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

Las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa a la demanda judicial, voluntario para el consumidor y garantizar que es conocido por los consumidores. Deberán efectuar un cálculo a devolver y comunicarlo al consumidor, que deberá manifestar si está de acuerdo y si lo estuviera, se acordará la devolución (tres meses máximo). Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias y las comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Asimismo, se podrá acordar la adopción de una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo de la que haya recibido información suficiente y adecuada. El procedimiento extrajudicial es gratuito y la formalización del acuerdo devengará los derechos arancelarios notariales y registrales mínimos. En cuanto a las costas, si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o declinase la devolución del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia más favorable que la oferta, se impondrá la condena en costas.

Hacienda precisa que la regularización fiscal debe hacerse devolviendo el exceso de deducción por vivienda en la declaración del IRPF del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo, no será necesario complementaria. No obstante, si los beneficiarios reciben el dinero en una reducción del principal del préstamo, no tendrán que devolver el exceso de la deducción por vivienda. Está relacionada con la cuota hipotecaria que pagan los contribuyentes, si ahora reciben una parte de lo pagado de más por las cláusulas suelo, la deducción que se aplicaron en su día también debería ser menor y, por tanto, devolverán el exceso de los años no prescritos. No se tributará por los intereses de demora que reciban del banco.

Andrea
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