El sector de la estiba nos ha traido un conflicto de importantes dimensiones, por ser un sector estratégico para las exportaciones e importaciones. Los sindicatos, la patronal y el gobierno inician negociaciones, pero el problema en vez de solucionarse va en aumento, pero con el paso de los días empieza a decrecer su interés, entrando en una larga atonía, en la que se ha instalado actualmente. Hemos visto que tras semanas de convocatorias de huelgas, cesación de las mismas, acuerdo entre patronal y sindicatos, pero con la postura en contra del gobierno. Resultando curios que los sindicatos en tiempos pretéritos acordaron suspender las convocatorias de huelga preavisadas que podían paralizar los puertos y que se presupuestaron un coste diario de 50 millones de euros. Siendo relevante poner de manifiesto que el 80% de las importaciones se realizan con transporte marítimo y mas de la mitad de las importaciones también.
Las partes negociadoras (sindicatos y patronal), parecían ser las responsables únicas que nos abocaban a sufrir unas terribles consecuencias, al no llegar a ningun acuerdo sobre el modelo de estiba que debe implementarse en nuestro país, respetando y dando cumplimiento a la sentencia de Luxemburgo. El Gobierno, de forma unilateral y sin contar con nadie confecciona un Real Decreto de amplio espectro, cumpliendo sobradamente la Sentencia de Luxemburgo, no dejando ni un atisbo de duda, pero en el que se denota la falta de conocimiento del sector de la estiba que va a regular. Por eso, el Real Decreto presentado y abortado, no se circunscribía al dar cumplimiento a la Sentencia de Europa,, si no que iba mucho más allá. El PP, precisaba apoyos parlamentarios para ratificar el Decreto en la Cámara Baja, puesto que es necesaria una mayoría simple, pero no los encontró a consecuencia de la forma en que se hizo (unilateralmente) y en el fondo (iba más allá que lo ordenado en la sentencia), Siendo, como no podía ser de otra forma, rechazado el citado Real Decreto.
Posteriormente, tanto sindicatos, como la patronal se puesieron manos a la obra, llegando a consensuar un acuerdo y trás este esfuerzo negociador, se encontraron que el gobierno sin mayor rubor, rechaza el acuerdo alcanzado arguyendo simple y llanamente que va en contra de lo dispuesto en la sentencia de Luxemburgo, sin justificar en qué y cúanto, huelga decir que ni una sola propuesta sería a realizado el gobierno, quien ni propone ideas y mucho menos soluciones, su máxima es buscar un problema para cada solución. Llevándonos a la indefectible conclusioón que el gobierno nunca ha querido solventar este problema, es más queda palmario su desinterés por negociar una salida consensuada al problema.
Los sindicatos y la patronal, sabían de donde partían y hacia donde iban, tenían claro que el sector de la estiba que habíamos conocido tocaba su final con la Sentencia. No obstante, han realizado esfuerzos, estableciendo sus ideas, propuestas y soluciones, desde su ideario y defensa de sus respectivo colectivos (los trabajadores, las empresas) conscientes de que debían llegar a acuerdos y ceder en algunas cuestiones pero se han encontrado con una pared. El Gobierno con su abortado Real Decreto decía cumplir la Sentencia de Luxemburgo, lo cual es cierto, pero también lo es, que cabía y cabe cumplir la sentencia con otras propuestas como las que ahora han consensuado las partes directamente afectadas (patronal y sindicatos), pero ahora esto tampoco le parece bien al Gobierno, pues bien, si no le parece bien que justifique porqué y aporte las soluciones.
Tras este periplo nos encontramos actualmente en un escenario de bloqueo gubernamental, en donde precisa e incomprensiblemente, tras un acuerdo entre patronal y los sindicatos, ahora sorpresivamente y sin alegar razón fundada, el gobierno dice que ese acuerdo contraviene lo ordenado desde Europa. Cierto es, que pende una multa millonaria sobre España en caso de incumplimiento, 21,5 millones de euros ya acumulados en un primer pronunciamiento, además de una sanción prevista de 134.000 euros diarios. Pues siendo esto así, deberá ahora cumplir el gobierno con su obligación de cumplir y hacer cumpir la sentencia, para ello hacer una proposición de Ley, o bien, proceder a rectificar el Real Decreto abortado, introduciendo los acuerdos a los que han llegado patronal y sindicatos, así como, todo aquello que por distintos motivos no quepa en dicho Real Decreto, se reglamente por otras vías, pero que se quede todo arreglado de una vez por todas.
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