El conflicto de la estiba entra en una semana decisiva, se ha acordado suspender las convocatorias de huelga preavisadas para los días 6 y 8 de marzo, de los nueve días de huelga en jornadas alternas previstos que pueden paralizar los puertos y que costarán 50 millones de euros al día. El 80% de las importaciones se realizan con transporte marítimo y mas de la mitad de las importaciones también. Las empresas ya están perdiendo tráficos y son muchas las que se han preparado acumulando mercancía, operando en puertos internacionales y concentrando los envíos.
Las partes negociadoras, nos han abocado a sufrir unas terribles consecuencias. Por un lado, el Gobierno, confecciona un Real Decreto de amplio espectro, cumpliendo sobradamente la Sentencia de Luxemburgo, no dejando ni un atisbo de duda, con falta de un conocimiento exahustivo del sector que va a regular. Hay que circunscribir el Real Decreto a lo que dice la Sentencia de Europa, no ir más allá. El PP, precisa apoyos parlamentarios para ratificar el Decreto en la Cámara Baja, puesto que es necesaria una mayoría simple. Hasta hoy sólo el PP se ha mostrado a favor de la convalidación por 134 escaños, mientras que el número de votos en contra garantizados supera por el momento los 160. Si el resto del Congreso se abstiene en el pleno del día 9, el decreto no será convalidado (las abstenciones no computan).
Por otro lado, ANESCO no ha representado la voluntad del sector, hecho demostrado y acreditado cuando la gran mayoría de las empresas estibadoras suscribieron y apoyaron el documento presentado por los sindicatos. Cierto que en algún caso pudo existir un vicio en la expresión de la voluntad, pero no es menos cierto que las empresas estibadoras, siempre y en todo momento han hecho sacrificios inconmesurables para mantener la paz social en momentos duros. Es por ello, que después de todo ese esfuerzo, no puede entenderse que unas puedan morir, otras se vayan a otras latitudes y las que queden, lo hagan con incertidumbre sobre su futuro, cuanto menos ruinoso. La patronal, se ha mimetizado con el Gobierno, sin proponer ideas ni soluciones, lo cual nos lleva a convenir con los sindicatos que no ha querido negociar.
Por otra parte, los sindicatos, sabían de donde partían y hacia donde iban, tenían claro que el sector de la estiba que habíamos conocido tocaba su final con la Sentencia. No obstante, han realizado esfuerzos, estableciendo sus ideas, propuestas y soluciones, desde su ideario y defensa de los trabajadores, conscientes de que debían llegar a acuerdos y ceder en algunas cuestiones pero se han encontrado con una pared. El Gobierno añade que este Real Decreto cumple la Sentencia de Luxemburgo, lo cual es cierto, pero también lo es, que cabía y se cumplía con Europa, si se hubiese aceptado introducir algunas reivindicaciones de los sindicatos, como que sean ellos los que lleven el censo de trabajadores portuarios y la formación continua, dejando claro que cualquier persona que reúna los requisitos (formación y capacitación) debe ser incluida en dicho censo cuando lo solicite, independientemente de donde hayan obtenido la tiulación y/o capacitación o, como la del compromiso de que todo aquel trabajador que por cualquier circunstancia deje de ser apto, debe salir de dicho censo. Con la suspensión de estas primeras jornadas, parace que los sindicatos muestran su disposición a dialogar, por lo que el resto de agentes deben actuar recíprocamente.
Pende una multa millonaria sobre España en caso de incumplimiento, 21,5 millones de euros ya acumulados en un primer pronunciamiento, además de una sanción prevista de 134.000 euros diarios. Los sindicatos deben desconvocar todos los paros, negociar con los grupos parlamentarios e introducir las enmiendas correspondientes, prevaleciendo la cordura y los intereses generales.
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