En el segundo intento y después de una cuantiosa multa, el Congreso (con el apoyo de Ciudadanos y PNV y la abstención de PdeCat) ha aceptado el Real Decreto para liberalizar el sector de la estiba, lo que agrava el conflicto en los puertos. Los sindicatos hicieron un primer preaviso de paros para 8 días: 24, 26, 29 y 31 de mayo y 2, 5, 7 y 9 de junio pero desconvocaron los previstos para el día 24, 26, 29 y 31 de mayo y 2 de junio, de esta forma, sólo están previstas las huelgas de los días 5, 7 y 9 de junio.
El colectivo, entiende que el texto no da solución a aspectos laborales y abre la puerta a la precariedad, liberalizando la estiba para los trabajadores únicamente, no para nuevas empresas y ello porque la mayoría de las estibadoras tienen licencias para largo tiempo. Sin embargo, estos puntos pueden solucionarse en una ley posterior si las negociaciones entre patronal y sindicatos que se reinician acaban fructificando. Si finalmente se llega a un acuerdo, será incluido en un reglamento que complementará el Real Decreto.
Los estibadores piden que se garantice el empleo a los alrededor de 6.000 trabajadores, sin embargo, acomodar esta petición dentro de la reforma es complicado ya que, para cumplir con Europa se necesita abrir el sector a la libre competencia. En este punto surge la reivindicación principal de los trabajadores, la subrogación como garantía del puesto de trabajo con un cambio de empresa (práctica habitual en otros servicios públicos). Los sindicatos han intentado sin éxito incluirla en el Real Decreto, aunque el ministro de Fomento, ahora se ha mostrado dispuesto a ello si así lo pactan empresas y trabajadores. Además del mantenimiento de los puestos de trabajo, hay que concretar las prejubilaciones y la negociación del convenio. Se sugiere abordar un ajuste de pantilla mediante prejubilaciones voluntarias, con las ayudas de 120 millones ofertadas por el Gobierno, paralelamente, los actuales estibadores participarán en la formación de los futuros trabajadores en el marco de las prácticas profesionales obligatorias para acceder a la profesión. En cuanto al convenio estatal, caducó en diciembre y su renovación no es esencial para que los sindicatos desconvoquen los paros, aunque puede ser también un elemento que desatasque la negociación.
La patronal de empresas estibadoras ha exigido el cese inmediato de las medidas de presión, requisito indispensable para mantener espacios de diálogo y voluntad de alcanzar acuerdos y ha apelado a la responsabilidad de los estibadores y sindicatos. Por su parte, tanto la valenciana CEV como Ascer han rechazado «los ritmos lentos» como medida de presión porque los consideran paros encubiertos, exigen el porcentaje necesario del servicio para garantizar un rendimiento no inferior al 50 % del promedio del año natural anterior en jornada comparable.
En cuanto al principio de acuerdo alcanzado entre Anesco y los sindicatos, contempla cuatro compromisos: Continuar el proceso de negociación para garantizar la subrogación de la totalidad del actual personal; informar al resto de empresas y estibadores sobre la decisión de mantenerse como socias de las sagep (plazo de seis meses); trámitación urgente del Real Decreto que desarrolla normativamente la reforma del sector, sus aspectos laborales y las ayudas del Gobierno y, por último, desconvocar las cinco primeras jornadas de huelga del total de ocho convocadas.
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