Los efectos originados por el proceso independentista son muchísimos. Centrando aquí la atención en los que afectan al transporte de mercancías, cabe señalar que la expectación e incertidumbre en la que se encuentra el tejido empresarial catalano, ha puesto en alerta las inversiones del Puerto de Barcelona para mejorar el tráfico portuario, pero sobretodo para intentar abrirse un hueco en el mercado de tráfico de contenedores con la capital del país, en la entrada y salida de mercancías de Madrid y la zona centro. La mayor parte de las mercancías de origen o destino marítimo que se transportan por ferrocarril se canalizan a través del Puerto de Seco de Coslada, conectada directamente con los puertos de Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao.
El Puerto de Valencia ha absorvido gran parte de las importaciones y exportaciones con destino y/o origen centro del país-zona del mediterráneo. No obstante, la tensión política actual ocasionada por la crisis de Cataluña, ha propiciado que las cifras de tráficos realizados se eleven aún más. Ocurre lo mismo con el transporte terrestre que se ha visto resentido como consecuencia de la disminución de tráficos marítimos en el puerto catalán. El plan del Puerto de Barcelona para los tráficos de Madrid y el centro de España se vería seriamente amenazado en el supuesto de que Cataluña se independendizase y quedase excluida de territorio comunitario. Como por el momento la situación es impredecible, muchos empresarios españoles, especialmente los de las áreas industriales de la zona interior, que desconfían en la pervivencia de la situación actual, por convicción o por razones económicas buscan alternativas de transporte para reducir los posibles riesgos derivados de la existencia de un cambio territorial. Además, la mejora de la línea ferroviaria Zaragoza-Sagunto-Valencia favorece este tipo de movimientos.
En otro orden de cosas, desde el punto de vista gubernamentativo, el Ministerio de Interior ha cercado aduanas, aeropuertos y nucleares en Cataluña. El Gobierno ha activado un protocolo de actuación para garantizar las infraestructuras estratégicas del Estado en Cataluña. El objetivo es proteger tanto a los empleados públicos, como controlar el funcionamiento de los servicios públicos imprescindibles en Cataluña. Desde hace un par de semanas se ha intensificado la presencia de policías y guardias civiles en aeropuertos, puertos, centrales energéticas, dependencias de la Administración General del Estado y puestos de vigilancia aduanera. Las áreas de especial protección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las que están definidas en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas (en Cataluña hay más de cien), se trata de un dispositivo diseñado preventivamente para asegurar el funcionamiento de las infraestructuras.
Asimismo, el control es doblemente fundamental ya que, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundación de la República, que la Generalitat ha asumido como base jurídica para la independencia de Cataluña, establece que «una vez proclamada la independencia el nuevo estado pueda empezar a funcionar de forma inmediata con la máxima eficacia», lo que se traduce en la asunción de las competencias para exigir todos los tributos y todas las cuotas de todo tipo del sistema de Seguridad Social y de clases pasivas y la toma de control de la vigilancia aduanera y del régimen catastral. En fin, el panorama actual es confuso y sorpresivo pero lo que está claro es que el tejido empresarial catalan evidencia daños, lo cual es preocupante.
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