El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero establece un cauce para llegar a acuerdos y evitar litigios de clientes con las entidades de crédito con las que han suscrito un préstamo o crédito con garantía hipotecaria para que solucionen las controversias consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales sobre cláusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. El texto ha sido confeccionado ya que es previsible el incremento de las demandas solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo.
Hasta el momento, los trabajadores interinos no son indemnizados al finalizar el contrato como los trabajadores temporales, que disfrutan de 12 días de salario, o los indefinidos, de 20 días por año de trabajo con el máximo de 12 meses. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de fecha 14 de septiembre de 2016, ha resuelto las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en relación a la conformidad de la legislación española respecto a la indemnización por extinción de contratos temporales, considerando que va en contra del acuerdo marco europeo sobre empleo temporal, que impide la discriminación de los trabajadores eventuales respecto a los fijos.
La Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó las enmiendas del Convenio SOLAS para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, entre las que destaca el requisito de verificar el peso de cada contenedor lleno que se exporte como condición previa para cargarlo a bordo de un buque. Ello, con el objetivo de preservar el principio esencial de la seguridad y de dar solución al histórico problema de las diferencias entre los pesos declarados y los pesos reales de los contenedores.
El artículo 31 bis del Código Penal (CP), añadido con la reforma aprobada en 2010, introduce plenamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las consecuencias penales que pueden imponer los Jueces y Tribunales a una persona jurídica, van desde la multa, la disolución, la suspensión de la actividad, la clausura de locales, hasta la prohibición de realización de alguna actividad, la inhabilitación para la obtención de beneficios legales o la intervención judicial.
Dentro de los contratos auxiliares de la navegación, se regula el practicaje como el contrato en el que a cambio de precio, se obliga el práctico a asesorar al capitán por aguas portuarias o adyacentes, en operaciones y maniobras para la navegación segura. Por ello, teniendo en cuenta la peligrosidad de las acciones que desempeñan, es exigible una cualificación técnica elevada y una experiencia dilatada como capitán. Intervienen no sólo en las operaciones interiores, también en las de llegada y salida del buque.
El 29 de septiembre de 2015 se celebró en la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo la vista por los recursos presentados contra la Sentencia de 13 de Noviembre de 2013 de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la catástrofe medioambiental producida por el buque Prestige.
Los derechos de garantía sobre el buque otorgan a su titular un poder real sobre el bien como seguridad del cumplimiento de una obligación, si ésta se incumple, el acreedor puede solicitar la venta del buque mediante subasta y cobrar. Pese a que nuestra legislación, mediante la Ley de Navegación Marítima, regula parcialmente los derechos de garantía sobre el buque, como ocurre con muchos de los aspectos regulados por la meritada norma, tanto para los privilegios marítimos como para la hipoteca naval, necesariamente debe acudirse al texto internacional de remisión, que no es otro que el Convenio de Ginebra de 1993.
El Operador Económico Autorizado (OEA), regulado en el Código Aduanero Comunitario y sus reglamentos de aplicación, es un reconocimiento (mediante la expedición de un certificado) otorgado por las autoridades aduaneras al alcance de los agentes económicos intervinientes en la logística del comercio internacional, como son fabricantes, exportadores, importadores, almacenistas, distribuidores, agentes de aduanas, transitarios o transportistas, entre otros. Se diferencia del resto de operadores por revestir las transacciones de una mayor seguridad, lo cual genera confianza para Adunas, que se apoya través de los OEA para conseguir el comercio legal, y ello se evidencia en las ventajas de las que disfrutan estos intervinientes.
Aunque a priori puedan parecer hechos aislados y poco factibles de acaecer, el polizonaje es un problema legal y social que se evidencia en el tráfico marítimo, y nuestros puertos no son una excepción. Los supuestos de llegada de polizones provenientes del noroeste de África son los más frecuentes, ya que la pobreza y la guerra son dos de las principales causas que originan los embarques clandestinos en los buques que llegan al continente. La mayor parte de incidentes de polizonaje se localizan en los buques tipo ro-ro, en las bodegas de carga y en el interior de los contenedores, aunque también se dan en el servomotor y en las zonas de ventilación y máquinas.
Dentro de los contratos accesorios de la navegación marítima, junto con el de gestión naval, practicaje y manipulación portuaria, se regula el contrato de consignación. Esta tipología contractual, no exenta de polémica, ha sido objeto de estudio desde siempre, existiendo interpretaciones diversas a lo largo del tiempo sobre el grado de responsabilidad que puede llegar a asumir su figura principal, el consignatario de buques.
